Desconfían de mega registro de celulares mexicano

Análisis jurídico de telefónicas califica la medida como ‘riesgosa’ por la posibilidad de imputar un delito a un usuario solo por tener registrado el celular a su nombre.

Netmedia - Las compañías de telefonía móvil en México dieron a conocer un documento que contiene un análisis jurídico en el cual se concluye que el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía móvil que aprobaron los diputados en diciembre pasado viola la Constitución local.

Además, el documento calificó a la nueva disposición como “riesgosa”, ya que la línea de cualquier usuario es susceptible de ser intervenida haya o no cometido algún delito. Otra laguna que denuncia el análisis jurídico del Registro es la presunción legal de que el usuario que está vinculado a una línea telefónica móvil es responsable de su uso, por lo que por un delito cometido a través de ella el usuario registrado sería el responsable.

A mediados de diciembre, la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma a la Ley de Telecomunicaciones con el fin de que los operadores de telefonía celular estén obligados a crear una base de datos en la cual se relacionará los datos personales del usuario con el registro de la tarjeta inteligente o chip SIM que contiene el número e información del teléfono móvil, la compañía que opera el servicio y el consumo del servicio.

Las telefónicas cuentan con un plazo de 60 días para la implementación del registro y un año para añadir a las más de 75,000,000 de líneas móviles que hay en México, plazo que es considerado insuficiente por los operadores.

El documento también explica que un registro de estas características y su respectivo uso por las autoridades judiciales representa un riesgo para los ciudadanos por tratarse de información sensible y por no ser inmune a una posible brecha o fuga. Esto se agrava si se considera que los procuradores de justicia pueden solicitar los datos sin mediar formalidad alguna.

En la sección de noticias de la Procuraduría Federal del Consumidor se publicó la postura de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información (Canieti), la cual advirtió que con la reforma se propiciará un incremento en el robo de celulares y hasta el secuestro del usuario para evitar que sea generado un reporte de robo y con ello conseguir que se le impute el delito al usuario registrado.

Entre otros posibles riesgos, la organización prevé que se promoverá el tráfico de teléfonos celulares provenientes de otros países que no cuenten con registro en el país y que se optará por el uso de telefonía por Internet y telefonía pública para cometer extorsiones telefónicas.

Entre otros aspectos que no se han contemplado para la elaboración del registro, se cuenta la imposibilidad de acreditar la autenticidad del comprobante de domicilio solicitado para el registro, ya que los usuarios podrían no tener un vínculo real con respecto al domicilio declarado.

Según la reforma serán canceladas las líneas de los usuarios de telefonía celular que no se incorporen al registro.

El decreto aprobado por los legisladores está pendiente de firma del Presidente Felipe Calderón y de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, después de la cual legalmente comenzará a ser efectiva la disposición.

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